Las sanciones al general Mena no pueden ser una cortina de humo que oculte lo que es evidente. Si cualquier región españolatratase de violentar la Constitución, ésta prevé que el Gobierno legítimo emplee al Ejército para impedirlo, entre otras razonesporque no es la Carta Magna la que consagra la unidad de España. Es la Constitución la que deriva de la unidad española.

El Estatuto catalán, nítidamente anticonstitucional, además de totalitario, intervencionista y nacional socialista, ha seguido los pasos que debía seguir y, aunque constituye una evidente trampa, porque sólo es un paso para dentro de unos años lanzar el órdago de la independencia, el procedimiento que ha seguido hasta ahora es impecable.

Debió ser rechazado, eso sí, por el 80 por ciento del Congreso, si se hubiera mantenido el pacto de Estado entre el PP y el PSOE que tan bien ha funcionado desde 1978. Pero sigue adelante con sólo el 60 por ciento de la Cámara, gracias al apoyo de los nacionalistas catalanes, vascos, gallegos y canarios y, por supuesto, del Partido Comunista, enmascarado en las siglas de Izquierda Unida. Si tras el debate parlamentario fueron aprobados artículos considerados como anticonstitucionales por el PP o por otra agrupación, corresponde al Tribunal Constitucional, no al Ejército, decidir sobre esa presunta anticonstitucionalidad.

Si rechazado el Estatuto o parte del Estatuto el Gobierno catalán se saliera de la Constitución y tratara de imponer lo rechazado por vía de hecho o a través de un referéndum, corresponde al Gobierno legítimo de la nación, no al Ejército, decidir la aplicación del artículo 155 y suspender o limitar la autonomía, ordenando, en su caso, a las Fuerzas Armadas la intervención que el poder civil estime conveniente. Zapatero es el autor, impulsor y amparador del disparate del Estatuto catalán.

Como es listísimo, él y su think tank decidieron metérsela doblada al Partido Popular. Para reformar la Constitución los votos de los populares son imprescindibles. El PSOE no cuenta con los dos tercios de las Cámaras sin el PP. Así es que el listillo de Zapatero decidió hacer la reforma constitucional, enmascarándola a través de la aprobación del Estatuto catalán, y los que vendrán, que sólo necesitan la mayoría absoluta del Congreso y del Senado.

La reacción, sobre todo, dentro de su propio partido, e incluso del grupo mediático adicto, ha sido tan contundente que el presidente gafe se vio obligado a recoger velas y anda ahora penando porque no le llega la camisa al ombligo. Y bien. El general Mena, uno de nuestros militares más serios y prestigiosos, más íntegros y responsables, ha dicho lo que piensa la inmensa mayoría de los españoles.

Y lo ha hecho con los matices y veladuras necesarios. No le correspondía decirlo a él por razones de procedimiento y, además, porque su ministro había dicho lo mismo en su día recibiendo el aplauso general. Pero las sanciones al general Mena no pueden ser una cortina de humo que oculte lo que es evidente. Si cualquier región española tratase de violentar la Constitución, ésta prevé que el Gobierno legítimo emplee al Ejército para impedirlo, entre otras razones porque no es la Carta Magna la que consagra la unidad de España.

Es la Constitución la que, como especifica el propio texto fundamental, deriva de la unidad española. Hay un sufragio universal de los siglos. España no está hecha sólo por la actual generación, a pesar de la gloria inmarcesible de Maragall y Carod-Rovira. Además de la opinión de Zapatero y Llamazares hay que tener en cuenta la de la España de Carlos I y Felipe II, la España de Felipe V y Fernando VI, la España de Carlos III y Alfonso XII, la España de Azaña y Juan Carlos I.

Todo eso es lo que el consenso entre los españoles consiguió cristalizar la Constitución de 1978, en el milagro político de la Transición, y que Zapatero de forma insensata y frívola ha puesto en entredicho, provocando la irritación y la crispación del español medio.

LUIS MARÍA ANSON