Los votos de los miembros del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), donde el Partido Popular tiene mayoría, contrarios a la OPA, y los de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), con mayoría socialista y favorables a la operación, han mostrado la politización de la OPA.

Todos han cerrado filas con sus partidos y han decidido su posición con criterios políticos. La situación arroja una imagen de inseguridad jurídica frente a los ciudadanos y los propios accionistas, que finalmente decidirán el futuro de la OPA, siempre que el Gobierno central apruebe finalmente la operación.

El secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, asegura que la decisión de Competencia fue contraria a los informes realizados por los técnicos del organismo regulador. Por su parte, el secretario ejecutivo de Política Económica y Empleo del PP, Miguel Arias Cañete, emplaza al Gobierno central a hacer caso al dictamen del TDC y rechazar la operación “por higiene política”.

Según los analistas, la operación saldrá adelante debido a que la última palabra la tiene el Ejecutivo central. Aunque luego serán los accionistas los que decidan. Competencia acordó recomendar al Gobierno que no autorice la OPA, debido a que la OPA vulnera los principios de competencia y perjudica a los consumidores. Opinión opuesta fue la de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que el 8 de diciembre decidió autorizar la OPA, aunque con ciertas condiciones al detectar “numerosos problemas regulatorios”.

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