A propósito de los ‘préstamos Montilla’ -los que piden los partidos políticos para luego no devolverlos- se han esparcido algunos comentarios tendenciosos sobre La Caixa.

Y a su fácil propagación ha contribuido, sin duda, el mal ambiente ciudadano respecto al contenido inconstitucional del Estatut y la interpretación de pago político del partido socialista en la OPA de Gas Natural sobre Endesa.

Inoportunidad y confusión: ambiente ideal para que paguen justos por pecadores. Sólo le falta a este país que lo acostumbren a los revoltijos entre tópicos, manipulaciones y medias verdades y, así, lo ‘descriterien’ del todo. Un deber de los medios es atenerse a los hechos.

Pongamos los puntos sobre las íes. Es verdad que La Caixa, junto con otras cajas y bancos, ha condonado intereses y capital a varios partidos políticos. Encima, confiesan que es una práctica habitual. ¿La Caixa -y las demás entidades financieras- es la víctima o el verdugo, es la corruptora o la corrompida?

Se nos ocurre una analogía. ¿Recuerdan, dentro del drama vasco, los secuestros de empresarios y el terrorífico dilema: o pagas el rescate o lo matamos? Las familias, sorteando mil dificultades, incluidas la legalidad y la Policía, se decidían a pagar a los secuestradores para salvar la vida de sus familiares. ¿Recuerdan algunas indignas intoxicaciones sobre esos pagos?

Quien quería justificar a los terroristas no tenía empacho en esparcir la infamia de que si las familias pagaban, era porque tenían demasiado dinero, porque lo habían adquirido trapaceramente, porque tenían algo que ocultar y porque, al fin, se lo tenían más que merecido. Resultado de la intoxicación: las víctimas convertidas en culpables, los verdugos en reediciones de Robin Hood.

Sin duda hay que salvar las enormes distancias entre esos trágicos casos y el de La Caixa. Pero hay cierto tufillo en común. No son La Caixa, ni muchas otras entidades financieras que han hecho lo mismo -prestar y no cobrar- los verdugos, sino las víctimas. Son los partidos políticos, algunos más que otros, los que presionan de mil formas, con sobreentendidos que cualquier caja o banco entiende en tiempo cero y con velocidad infinita: “O me das dinero o atente a las consecuencias”.

Se trata de un inaceptable abuso del poder político por parte de los partidos, que corrompe la normal praxis de las instituciones financieras, enferma severamente la salud democrática de la sociedad y escandaliza a sus ciudadanos de a pie. Los partidos políticos -anoten el dato- no presionan, ni constriñen, ni sangran a entidades pobretonas y maldirigidas.

Todo lo contrario, lo hacen con las más sólidas y mejor gestionadas. Así es más fácil, luego, hacer el truco de prestidigitación mediante el cual la víctima pasa a verdugo y el verdugo es una pobre virgen inocente: ¡faltaría más pagar intereses abusivos o el capital a esos vampiros capitalistas forrados de pasta! Para mayor inri, personajillos advenedizos, aupados por el partido, denigran a nuestros mejores profesionales financieros.

Si queremos acabar con esta corrupción es necesario cortar por lo sano. Es urgente una nueva ley de financiación de los partidos políticos que impida a éstos buscar dinero de forma abusiva y corruptora o los exima de ello. No menos perentorio es librar a las entidades financieras de la presencia y acoso de los políticos y sus testaferros.

La ciudadanía de a pie -la que devuelve y, si no paga, es embargada- se siente agraviada y lo exige. No estaría de más que, en nombre de la salud pública, las cajas y los bancos se plantasen de una vez por todas. Porque si no se plantan, van a dar la impresión de que les gusta tener agarrados a los políticos por sus partes bajas, es decir, con préstamos que se devuelven o no a cambio de no se sabe qué.