El Gobierno ha intentado frenar las demandas educativas con veladas amenazas para reducir la financiación de la Iglesia, que al final no se han concretado en la votaciones parlamentarias. Quizá maneje cálculos incorrectos.

Las instituciones de la Iglesia Católica aportan al Estado español en torno a cuarenta mil millones de euros anuales en servicios educativos, sanitarios y asistenciales.

Título: “Los colegios católicos y la Iglesia reciben del Estado más de 3.000 millones (de euros) anuales)”. Subtítulo: “Dirigentes del PP y obispos se manifiestan hoy en Madrid”. Encima, una gran foto de la vicepresidenta del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, saludando sonriente al cardenal Angelo Sodano, secretario de Estado del Vaticano. Ya habrán adivinado que se trata de El País del sábado 12 de noviembre, que ‘animaba’ de esta forma a sus lectores a acudir a la manifestación en defensa de una buena educación en libertad.

Obviamente, se pretendían mezclar las reivindicaciones educativas con la financiación de la Iglesia, amedrentando de algún modo. ¿Es cierto lo de los tres mil millones de El País? Sí. ¿Se trata de toda la verdad? No. ¿Estamos ante una burda manipulación? Correcto. ¿Motivo? El Estado entrega a la Iglesia algo más de tres mil millones de euros anuales -especialmente en pago de los conciertos que mantiene con los titulares de los centros privados concertados-, en parte porque así está previsto en los Acuerdos Internacionales firmados con la Santa Sede en 1979, y también porque de no hacerlo, tendría que invertir, gastar, más de cuarenta mil millones de euros.

Ésta es aproximadamente la aportación que las instituciones de la Iglesia Católica en España prestan anualmente al Estado (a la sociedad) en forma de servicios sociales, educativos, sanitarios, asistenciales, según cálculos efectuados por este semanario, que incluyen las instalaciones donde se prestan estos servicios, especialmente colegios y hospitales.

El martes pasado, tal como recogemos en la sección “Nacional”, el arzobispo de Zaragoza, monseñor Ureña, desveló cifras y datos, que sustancialmente coinciden con las que primero el semanario Época, y luego ALBAy el suplemento Fe y Razón del diario La Razón en simultáneo, venimos ofreciendo con diversos enfoques. El ahorro que proporciona la Iglesia Católica al Estado con su labor social se estima en 36.000 millones de euros, en torno a seis billones de pesetas, como señaló el prelado quedándose corto.

Es, por tanto, una falacia, que ni los diarios de economía más solventes se permitirían, hablar de sobrefinanciación o de una Iglesia privilegiada en España, como hacen a menudo Álvaro Cuesta o José Blanco. Algún problema debe de tener el diputado asturiano Álvaro Cuesta para declarar que “estamos como con Franco: un país con una Iglesia de Estado” (ver El País, 8/11/04). Es el mismo Álvaro Cuesta, responsable de Libertades Públicas del PSOE, que el martes por la noche rompió la mesura de su partido, del PP y CiU, para alinearse con IU, Esquerra Republicana y el Grupo Mixto, que pretendían acabar con el complemento presupuestario (unos treinta millones de euros/año) que recibe la Iglesia para completar lo que aportan los ciudadanos a través de la casilla del IRPF.

Uno de los motivos por los que la prestación anual de la Iglesia al Estado se mantiene tan alta es la secular ineficiencia del sector público: el coste de gestión alumno/año en la enseñanza pública en Primaria y Secundaria es casi un 50 por ciento más caro que en la privada concertada. Tal como informó ALBA, el gasto por alumno en un centro público se sitúa en 3.150 euros/año, mientras en un colegio concertado oscila en torno a 1.700 euros, según estudios del ex alto funcionario socialista Álvaro Marchesi que confirman las CCAA.

Por otra parte, el Foro Calidad y Libertad de Enseñanza, pilotado por los catedráticos Velarde y Raga, denunció recientemente la insuficiencia financiera de los módulos de los conciertos, que no se actualizan con la inflación. La memoria económica de la LOE no contempla la mejora de estos módulos e impide a los centros concertados cobrar cuotas y recibir aportaciones de fundaciones, asunto de dudosa constitucionalidad.

Acierta el portavoz del Episcopado, Juan Antonio Martínez Camino, cuando señala que la actual cooperación del Estado con la Iglesia “no es una concesión graciosa del Gobierno a la Iglesia” y que no existe “una situación de privilegio”, sino que responde a “una realidad y una demanda social basada en la aportación voluntaria y libre” de los ciudadanos.