|
Los efectos retardados de la LOE |
|
|
|
Una vez aprobada definitivamente la LOE y publicado su texto en el BOE el pasado día cuatro de mayo, se inicia una nueva etapa en la que la discusión se va a centrar en el calendario de aplicación de la misma, en el contenido de los decretos de desarrollo y la aparición de leyes de educación autonómicas, en aquellas comunidades autónomas donde todavía no existan.
No quiere esto decir que la sociedad, en general, y los integrantes de la comunidad educativa, en particular, tengamos que abandonar los análisis sobre la propia ley. Al contrario, la responsabilidad, que a todos nos afecta, nos debe llevar a seguir estudiando y evaluando para comprobar que esta norma referencial va a permitir mejorar el sistema educativo y conseguir, como dice su artículo 2.1 a), “el pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos” (por cierto, que no me explico cómo sus redactores han podido superar la permanente logomaquia en la que están instalados y no han recurrido al innecesario “los alumnos y las alumnas”).
Pero, como digo, el interés ahora se centra en el desarrollo de la LOE. En cuanto al calendario, la disposición adicional primera establece que “el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, aprobará el calendario de aplicación de esta Ley, que tendrá un ámbito temporal de cinco años, a partir de la entrada en vigor de la misma”. Es decir, que en un lustro se tendrá que completar una reforma que no es menor y que exigirá continuas negociaciones con las comunidades autónomas si no queremos acabar en una dispersión y diferenciación total del sistema educativo.
A propósito del acelerado calendario de aplicación, no puedo dejar de recordar aquí un texto que me parece muy adecuado: “La experiencia comparada de los países más avanzados de nuestro entorno nos enseña que los cambios relevantes requieren amplios períodos de maduración y de consenso en la comunidad educativa y en el conjunto social. Ello es aún más cierto cuando no se trata de implantar estructuras efímeras, sino de sentar las bases que puedan sostenerse con firmeza a lo largo de décadas. Por estas razones son siempre amplios los calendarios de aplicación de tales reformas”. Es lo que se decía al respecto en preámbulo de la LOGSE, la gran ley socialista de educación, que se implantó a lo largo de una década.
De todas formas, quizá resulte poco útil preocuparnos por calendarios de aplicación, sobre todo si recordamos que la Ley de Calidad también marcaba un plazo de cinco años para su aplicación y no llegó a comenzar a implantarse. Eso sí que fue una “estructura efímera”, que diría la LOGSE, y, dado el insuficiente apoyo social con el que ha nacido la LOE, cualquier cosa puede pensarse, máxime cuando ya se está retrasando un curso su aplicación respecto a las previsiones iniciales del Gobierno.
En cuanto a los decretos de desarrollo, que tienen que ser muchos y de calado, me referiré solamente a un aspecto de ellos: el establecimiento del currículo de Educación para la ciudadanía. Este asunto, que la propia la ley lo señala ocupando “un lugar muy destacado del conjunto de las actividades educativas” ha producido preocupación en padres y profesores porque, entre otras cosas, nace sin que hayamos conocido bien las razones y los estudios previos que justifican su introducción en el sistema educativo. Es verdad que ya estamos acostumbrados a la inexistencia de tales estudios. En las sucesivas reformas, los imprescindibles fundamentos técnicos se sustituyen por procesos de opinión y, así, nos encontramos frecuentemente que, como en este caso, se introduzcan medidas que sólo están justificadas por juicios a priori, sentimientos personales, opiniones más o menos generalizadas, razones de oportunidad política o, como parece ser en este caso, el deseo de imponer como paradigma un modelo social en el que está personalmente empeñado el presidente del Gobierno.
¿Hay estudios que avalen la necesidad de esta materia? ¿Cómo va a influir la misma en la necesaria, y cada día más urgente, formación del juicio moral de nuestros alumnos? ¿Se pretende sólo -como ha denunciado acertadamente el cardenal Cañizares- que los alumnos se porten bien, o nos preocuparemos porque, además, sean buenos? ¿Se contará con los padres a la hora de determinar los contenidos de esta importante materia o serán el Gobierno y las administraciones autonómicas las que usurparán el papel de los mismos y adoctrinarán a los alumnos como se hace en los regímenes totalitarios? Seguramente en poco tiempo sabremos las respuestas a algunas de estas preguntas. Lo malo es que, para comprobar los efectos, tendremos que esperar algunos años más y, para entonces, ¿donde estarán Zapatero, San Segundo, Tiana y los demás padres de la ley? Seguramente donde están ahora los que impusieron la LODE y la LOGSE, que tan desastrosos efectos han producido en las nuevas generaciones de españoles, y de los que nadie se hace responsable. ¡Cómo cambiarían las cosas si encontrásemos la forma para que pagaran los políticos las malas consecuencias de sus actos! Pero ellos, que tan pronto están a salir a los medios cuando hay que colgarse medallas, desaparecen y no se les encuentra cuando se trata de asumir responsabilidades ante las catástrofes. ¿Alguien se imagina algún ex ministro haciendo una rueda de prensa para decir: “Sí señor, yo soy el responsable del escandaloso índice de fracaso escolar en España”?
En cuanto a las inevitables leyes de educación autonómicas es pronto para opinar, pero será bueno que estemos atentos porque es verdad que hay quien piensa que las cosas llegan a un punto en el que no pueden ir a peor, pero hay otros, entre los que me encuentro, que opinan que todo, por malo que sea, es susceptible de ser empeorado.
Joaquín Martínez
Miembro de la Junta Directiva de CECE |
|
|
|
|
|
