El proyecto de Ley de Reproducción Asistida abre la puerta a la utilización de los embriones humanos para fines comerciales, industriales e incluso cosméticos. La norma aprobada en primera instancia por todos los grupos parlamentarios, salvo PP y CiU (que votaron en contra de varios puntos), elimina la actual prohibición de usar los embriones para los citados fines.

En lugar de avanzar, retrocede. El proyecto de Ley de Reproducción Asistida, que se encuentra en proceso de aprobación en las cámaras, es una vuelta a lo que había antes de 2003. Por un lado, la norma aprobada en el Congreso por todos los grupos salvo PPy CiU -que votaron en contra de algunos puntos- abre de nuevo las puertas a la utilización de embriones con fines comerciales, industriales y cosméticos. La ley elimina la  prohibición de usar a los niños no nacidos para estos fines, un límite impuesto en 2003 por el Gobierno del PP.

Al mismo tiempo, la ley de 2003 pretendía poner límite a la acumulación de embriones congelados, algo permitido desde la norma de 1988 y que, según la portavoz de la Comisión de Sanidad del PP, Mercedes Roldós, ha provocado que en España existan “entre 100.000 y 200.000 embriones congelados”. El cálculo es difícil de realizar debido a que la mayoría de las técnicas realizadas con embriones las llevan a cabo las clínicas privadas, que no revelan sus datos, como informó ALBA la semana pasada.

Roldós asegura que cuando el PP llegó, “se encontró con miles de embriones congelados fundamentalmente en clínicas privadas, porque el 80% de las técnicas se realizan en ellas”. Se trataba de los sobrantes que quedaban tras la selección terapéutica de embriones compatibles con una tercera persona a la que pueden curar. Qué hacer para frenar esta creciente reserva.

La ley de 2003 propuso “que se reconociera que los embriones eran propiedad de los padres biológicos y que hubiera una tutela de las administraciones públicas”. El actual proyecto, sin embargo, prevé que si en dos años los padres no renuevan su ‘propiedad’ sobre el embrión, éste pasa a pertenecer a la clínica, ya sea privada o pública. “Y el 80% se hace en las privadas”, añade Roldós, quien asegura que con la nueva norma “desaparece la tutela de las administraciones públicas en favor de las clínicas privadas”.

“Ya no serían los padres los dueños, sino la clínica privada”, dice. Además, continúa, “el proyecto elimina de la ley vigente la prohibición del uso comercial, industrial y cosmético”. “Esa clínica privada podrá comercializar y dar destino de uso industrial o cosmético a embriones humanos”. Por eso el PP votó en contra del artículo 25, que elimina como infracciones muy graves el uso comercial, industrial y cosmético de los embriones.

Más información en el número 73 de ALBA.