En una entrevista concedida al semanario ALBA, el profesor Juan Velarde explica cómo un mercado que tiende a ser más pequeño reduce también las dimensiones de su economía.

Este empequeñecimiento, al hilo de lo declarado por el director del Instituto de Estudios Económicos Juan Iranzo en un artículo publicado en el diario La Razón, conlleva una falta de solidaridad con el resto de regiones.

La Generalitat quiere más fondos, por lo que el resto de comunidades autónomas recibirá menos o pedirá lo mismo, con lo que quien se quedará sin aprovisionamiento será el mismísimo Estado español. Pero no será sólo España (sin contar Cataluña) la que salga perjudicada.

La comunidad autónoma catalana también sufrirá sus propias imprudencias. Su mercado se verá empequeñecido a causa de las fronteras que en la práctica crea el Estatuto. El idioma, la obligación de hablarlo, provocará que muchos profesionales no quieran trabajar en Cataluña.

La misma causa hará que otros que ya trabajan allí decidan salir del territorio buscando gente con la que poder seguir hablando. Algunos empresarios ya han mostrado su intención de trasladar la sede social de su compañía, instalada físicamente en Cataluña, fuera de esta comunidad, en Zaragoza o Castellón, con la intención de “tributar para toda España”, y no sólo para algunos.

Además, la obligación de rotular los comercios en catalán y otras medidas similares provocarán directamente la huida de muchos, algunos muy válidos, pequeños emprendedores.

Se trata de un panorama desagradable tanto para los que viven allí como para los que residen fuera de esa comunidad. Un panorama similar al que provoca que muchos empresarios huyan del País Vasco a causa del ‘impuesto revolucionario’ que cobra ETA.

De hecho, algunos informes preliminares ya apuntan a que lamentablemente también está descendiendo la inversión extranjera en Cataluña.